19.000 millones para estadios — La economía real del deporte profesional (2026)

La conclusión central de este informe puede formularse sin rodeos. El deporte profesional es un negocio muy rentable cuyos ingresos proceden sobre todo de contratos audiovisuales privados, cuyas plusvalías van a parar de forma abrumadora a los propietarios de las franquicias y cuyos estadios siguen pagándose, de manera habitual y en gran medida, con dinero público ✓ Hecho establecido [18]. Desde 2000, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y Canadá han comprometido 19.000 millones de dólares para nuevos recintos de las grandes ligas, unos 330 millones por instalación [18]. La investigación económica sobre lo que compra ese dinero es de una coherencia poco habitual. Un exhaustivo estudio de 2023 de los economistas John Charles Bradbury, Dennis Coates y Brad Humphreys concluyó que es correcto describir el consenso académico como contrario, en términos generales, a la financiación pública de los recintos del deporte profesional [17]. En junio de 2026, Coates declaró ante el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means) de la Cámara de Representantes que la respuesta a si los estadios son herramientas eficaces de desarrollo local es breve: no [19]. La distancia entre esa evidencia y el gasto público que no cesa es el objeto de este informe.

La mayor fuente individual de dinero del deporte mundial es el paquete audiovisual que la NFL firmó en marzo de 2021. Sus acuerdos con CBS, Fox, NBC, ESPN y Amazon abarcan 11 años, hasta la temporada 2033, y superan los 110.000 millones de dólares: unos 10.000 millones anuales, más del doble del valor de los contratos anteriores ✓ Hecho establecido [3]. CBS, Fox y NBC pagan cada una una media de más de 2.000 millones al año, y ESPN, unos 2.700 millones anuales por Monday Night Football [3]. La liga se reservó la opción de abandonar la mayoría de los contratos tras la temporada 2029, lo que le brinda la posibilidad de revender los derechos a un precio más alto antes de su vencimiento [3]. Como la liga comercializa estos derechos de forma centralizada, lo recaudado se reparte a partes iguales. Según S&P Global Market Intelligence, los ingresos compartidos de la liga superaron los 14.000 millones de dólares en la última temporada [1]. Divididos a partes iguales, suponen más de 430 millones por club antes de que se venda en la ciudad una sola entrada, un solo perrito caliente o un solo patrocinio.

El baloncesto ha seguido el mismo camino con una pendiente aún más pronunciada. En julio de 2024, la National Basketball Association (NBA) firmó acuerdos de 11 años con Disney, NBCUniversal y Amazon para las temporadas 2025-26 a 2035-36, por un valor que se ha cifrado en 76.000 millones de dólares ✓ Hecho establecido [4]. Disney pagará una media de unos 2.600 millones al año, NBC unos 2.500 millones y Amazon unos 1.800 millones, lo que multiplica aproximadamente por 2,5 las cuotas anuales, hasta una media de casi 7.000 millones [4]. El efecto en las cuentas de la liga fue inmediato. El cierre contable de 2025-26 situó los ingresos relacionados con el baloncesto —la bolsa que se reparten jugadores y propietarios— en 11.680 millones de dólares, frente a 10.250 millones el año anterior [15]. Es un crecimiento del 14 % en una sola temporada, impulsado casi por completo por un contrato negociado en un despacho y no por la asistencia ni por el gasto local. El patrón es relevante para lo que sigue: los ingresos que hacen valiosas a las franquicias proceden cada vez más de audiencias nacionales y globales, no de la ciudad que acoge al equipo.

El fútbol europeo muestra la misma dependencia de la televisión, pero también sus límites. En diciembre de 2023, la Premier League vendió sus derechos en el Reino Unido para 2025-26 a 2028-29 a Sky Sports y TNT Sports por una cifra récord de 6.700 millones de libras en cuatro años, con hasta 270 partidos en directo por temporada [5]. La propia liga describió el resultado como un aumento del 4 % del valor de los derechos en directo respecto al proceso anterior, muy lejos de los saltos de la década de 2010 [5]. El Annual Review of Football Finance de Deloitte refleja la consecuencia ✓ Hecho establecido. Los clubes de la Premier League ingresaron 6.800 millones de libras en 2024-25, un 8 % más, pero los ingresos televisivos solo crecieron un 2 %, hasta 3.400 millones [6]. El crecimiento procedió, en cambio, de los ingresos comerciales, que subieron un 13 %, hasta 2.400 millones, y de la taquilla de los días de partido, que aumentó un 15 % y superó por primera vez los 1.000 millones [6]. Cuando el dinero de la televisión deja de crecer con rapidez, los clubes recurren a los patrocinadores y a quienes ocupan los asientos. Dicho de otro modo, son los aficionados quienes absorben la desaceleración.

Cabe preguntarse por qué las cadenas pagan semejantes sumas. El deporte en directo es uno de los pocos contenidos que grandes audiencias siguen viendo en el momento de su emisión, lo que lo hace valioso para los anunciantes y para los servicios de streaming que buscan suscriptores. La oferta, además, está controlada. Las ligas venden los derechos de forma colectiva y no club por club, y fijan ellas mismas el número de partidos, de equipos y de franjas de emisión [1] [3]. En los márgenes del mercado empieza a surgir nueva oferta. Deloitte estimó que los ingresos mundiales del deporte femenino de élite alcanzarían al menos 2.350 millones de dólares en 2025, frente a 981 millones en 2023, con el baloncesto y el fútbol como principales contribuyentes [44]. Los acuerdos comerciales representaban el 54 % de ese total previsto, y la televisión, el 25 % [44]. Aun así, el deporte femenino de élite en su conjunto ingresa alrededor de una décima parte de lo que ingresa la NFL por sí sola en un año [2] [44]. El dinero del deporte profesional se concentra en un puñado de ligas que controlan un inventario escaso, en directo y muy comercializable.

Nada de estos ingresos resulta polémico en sí mismo. Cadenas, patrocinadores y aficionados pagan voluntariamente por algo que valoran, y las ligas se han vuelto muy hábiles en venderlo. La cuestión pública empieza en otro lugar: en el estadio, donde las mismas empresas que venden contratos audiovisuales de 110.000 millones de dólares piden a ciudades y estados que paguen los edificios en los que se disputan los partidos [3] [18]. Continúa en el código tributario, donde los bonos exentos de impuestos federales han ayudado a financiar la mayoría de los grandes recintos construidos desde 2000 [20]. Y termina con una afirmación que los dirigentes locales repiten en casi todas las presentaciones de un estadio: que el equipo y su recinto generarán empleo, crecimiento y recaudación suficientes para justificar la inversión [19]. Las secciones siguientes recorren cada paso: cómo se construye el valor de las franquicias, cómo se reparten los ingresos entre propietarios y jugadores, qué aportan los contribuyentes, qué dice la evidencia sobre los rendimientos locales, cómo organizan otros países el mismo negocio y qué podría cambiar la política pública.

Las cifras de referencia resultan ya llamativas incluso para los parámetros de los mercados financieros. Forbes situó a los Dallas Cowboys en 17.000 millones de dólares en su lista de 2026, el equipo más valioso de la liga por vigésimo año consecutivo, seguido de Los Angeles Rams, con 13.500 millones; los New York Giants, con 12.000 millones, y los New England Patriots, con 10.600 millones ✓ Hecho establecido [8]. Diez clubes de la NFL valen ya 10.000 millones o más [8]. Un año antes, los Cowboys se valoraban en 13.000 millones y el equipo medio en 7.100 millones, lo que según Forbes suponía un 25 % más que en 2024 y un 104 % más que en 2021 [9]. En 2025, por primera vez, todos los equipos valían al menos 5.000 millones, con los Cincinnati Bengals marcando el suelo en 5.250 millones [9]. En conjunto, las cifras indican que la franquicia media de la NFL ha multiplicado aproximadamente por tres su valor en cinco años. Pocas clases de activos de tamaño comparable han tenido un comportamiento semejante en el mismo periodo, y ninguna con una proporción tan alta de sus ingresos ya contratada con años de antelación.

Los ingresos por sí solos no explican estos precios. Si los 23.000 millones de dólares de ingresos de la NFL se dividieran a partes iguales, cada club ingresaría algo más de 700 millones al año [2]. Un valor medio de 10.360 millones equivale, por tanto, a unas 14 veces los ingresos anuales [8]. Tres rasgos del negocio sostienen ese múltiplo. El primero es la escasez: hay 32 franquicias, y es la liga la que decide si se añaden más y cuándo. El segundo es la certidumbre: los pagos audiovisuales nacionales están contratados hasta la temporada 2033, de modo que una gran parte de los ingresos futuros ya se conoce [3]. El tercero es el mercado de compradores. Los equipos deportivos se han convertido en activos de prestigio para grandes fortunas y, cada vez más, para inversores institucionales. Estos rasgos hacen de una franquicia deportiva algo más próximo a una licencia de monopolio que a una empresa corriente, y explican que los propietarios puedan vender a precios que guardan poca relación con el beneficio anual del club.

El dinero institucional ha añadido una nueva capa al mercado. En agosto de 2024, los propietarios de la NFL votaron por primera vez a favor de que los fondos de capital riesgo compraran participaciones de hasta el 10 % de un club ✓ Hecho establecido [11]. Solo se admitió a inversores aprobados por la liga: Arctos Partners, Ares Management y Sixth Street, además de un consorcio formado por Blackstone, Carlyle, CVC, Dynasty Equity y Ludis [11]. Cada inversión debe representar al menos el 3 % de un club y mantenerse un mínimo de seis años [11]. El efecto práctico es la liquidez. Un propietario puede ahora vender una porción minoritaria a precio de mercado sin ceder el control, y cada una de esas ventas crea una nueva referencia pública de lo que vale un equipo. Las valoraciones, que antes se basaban sobre todo en un puñado de ventas de clubes completos, se ven ahora reforzadas por un flujo constante de operaciones minoritarias. Uno de los vehículos aprobados, Ludis, lo fundó Curtis Martin, antiguo corredor y miembro del Salón de la Fama, para atraer a más inversores de minorías raciales y étnicas a la propiedad de los equipos de la NFL [11].

Estas valoraciones siguen siendo estimaciones, y las estimaciones difieren ⚖ Controvertido. En agosto de 2026, Sportico valoró a los Cowboys en 15.500 millones de dólares [10]; pocas semanas después, Forbes situó al mismo club en 17.000 millones [8]. Una diferencia de 1.500 millones en una sola franquicia muestra cuánto depende del método, desde el tratamiento de los ingresos del estadio hasta el múltiplo que se aplica a los ingresos audiovisuales futuros. Los ingresos del estadio son el eslabón decisivo. Cuando un club obtiene un nuevo recinto financiado en gran parte con dinero público, el flujo de ingresos de ese recinto pasa a formar parte de lo que vale el club. Bradbury, Coates y Humphreys documentan un ejemplo: los Atlanta Falcons recibieron 200 millones de dólares en bonos para el Mercedes-Benz Stadium, pero el equipo conserva a perpetuidad el acceso a una recaudación hotelera específica una vez amortizados los bonos, un flujo con un valor actual neto de 700 millones para el propietario [18]. Un apoyo público de ese tipo no figura en ninguna partida presupuestaria concreta, pero sí aparece en el precio de venta del equipo.

El fútbol europeo demuestra que las valoraciones altas no exigen beneficios altos. Los clubes de la Premier League declararon unas pérdidas conjuntas antes de impuestos de 948 millones de libras en 2024-25, frente a 135 millones el año anterior, debido sobre todo al gasto en traspasos [7]. La masa salarial alcanzó un récord de 4.400 millones de libras, y la ratio media entre salarios e ingresos se mantuvo en el 65 % [6]. Aun así, los clubes ingleses siguen cambiando de manos a precios elevados, y los inversores del Golfo y de Estados Unidos compiten por ellos. Arabia Saudí ilustra otra variante. En junio de 2023, el Fondo de Inversión Pública (PIF) se hizo con el 75 % de cuatro clubes —Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr y Al Hilal—, y los clubes de la Saudi Pro League gastaron a continuación un récord de 957 millones de dólares en el mercado de fichajes de verano [43]. En ambos casos, el comprador persigue a menudo prestigio, visibilidad o una estrategia nacional antes que dividendos. Cuando el comprador es un fondo estatal, la frontera entre inversión privada y subvención pública desaparece por completo.

El valor de las franquicias mide, por tanto, lo que los propietarios pueden extraer, no lo que gana una comunidad. Una valoración al alza nos dice que los ingresos audiovisuales están asegurados, que el número de equipos es limitado y que hay compradores con grandes recursos dispuestos a pagar por el privilegio de la propiedad [8] [11]. No nos dice si la ciudad que acoge al equipo es más rica por ello. Esa distinción se difumina a menudo en el debate público, donde el valor de un equipo se cita como si midiera su importancia para la economía local. Incluso los Bengals, el club menos valioso de la lista de 2025, valían 5.250 millones de dólares, una cifra que no dice nada de la economía de Cincinnati [9]. Son dos cosas distintas, y la evidencia sobre la segunda cuestión, que se examina en la sección quinta, resulta mucho menos halagüeña que la lista de Forbes. Antes de llegar a ella, el informe se ocupa de las demás partes con derechos sobre los ingresos: los jugadores que producen el espectáculo sobre el terreno de juego.

En las grandes ligas norteamericanas, el reparto de los ingresos queda fijado por escrito. El convenio de la NFL de 2020 elevó la cuota de los jugadores al 47 % en 2020 y a un 48 % asegurado a partir de 2021, con la posibilidad de llegar al 48,5 % mediante un complemento ligado a la entrada en vigor de los nuevos contratos televisivos ✓ Hecho establecido [12]. El convenio está vigente hasta la temporada 2030, lo que da a la liga una década de paz laboral justo en el periodo en que sus ingresos audiovisuales se duplicaron con creces [12] [3]. El tope salarial es un resultado de esa fórmula, no un presupuesto de nóminas. Para 2025, la liga fijó el tope en 279,2 millones de dólares por club, frente a 255,4 millones en 2024, un aumento de 23,8 millones en un solo año [13]. Cuando suben los ingresos, el tope sube con ellos. En ese sentido, los jugadores participan directamente en el crecimiento del negocio audiovisual. En lo que no participan es en la segunda fuente de riqueza de los propietarios: la variación del valor del propio club.

El baloncesto aplica un modelo similar con una cuota algo mayor para los jugadores. El convenio de la NBA establece que los jugadores perciban el 51 % de los ingresos relacionados con el baloncesto en salarios y prestaciones, y la liga retiene cada año el 10 % de los salarios en una cuenta de garantía para que el reparto se cumpla con exactitud ✓ Hecho establecido [14] [15]. El tope salarial para 2025-26 se fijó en 154,647 millones de dólares [14]. Con unos ingresos relacionados con el baloncesto de 11.680 millones esa temporada, la cuota del 51 % de los jugadores equivalía a unos 5.960 millones [15]. El convenio de 2023 limitó además el ritmo al que puede subir el tope en un solo año, en respuesta al salto de 2016 que siguió al anterior contrato televisivo [14]. El diseño refleja una lección dura para ambas partes. Un aumento repentino del dinero televisivo beneficia a los jugadores que casualmente son agentes libres ese verano, y ligas y sindicatos prefieren ahora repartir las ganancias a lo largo de varias temporadas antes que dejar que las acaparen unos pocos.

El béisbol, la única gran liga norteamericana sin tope salarial, es donde el reparto de los ingresos se disputa hoy abiertamente ⚖ Controvertido. Su convenio con los jugadores vence el 1 de diciembre de 2026, y se da por descontado un cierre patronal [45] [16]. Los propietarios han propuesto un reparto al 50 % de unos ingresos definidos, un tope de gasto por equipo de 245,3 millones de dólares en 2027 y un suelo salarial de 171,2 millones, con un mecanismo de garantía para recuperar salarios si la cuota de los jugadores supera el 50 % [16]. El sindicato de jugadores sostiene que su cuota en 2026 se prevé muy por encima del 50 % y que la propuesta les habría costado más de 500 millones de dólares si se hubiera aplicado esta temporada [16]. Bruce Meyer, director ejecutivo interino del sindicato, ha afirmado que al sindicato nunca lo han quebrado y nunca lo quebrarán [45]. La disputa gira en torno a las definiciones. Qué cuenta como ingreso y qué se descuenta antes de repartirlo determina si un reparto al 50 % es generoso o un recorte salarial.

El fútbol europeo reparte los ingresos de una manera muy distinta, porque no tiene tope colectivo ni reparto fijo. Los clubes compiten por los jugadores en un mercado abierto, y los de la Premier League destinaron de media el 65 % de sus ingresos a salarios en 2024-25, un total de 4.400 millones de libras [6]. Con esa vara de medir, los jugadores captan una parte de los ingresos de explotación mayor que sus homólogos estadounidenses. El precio de esa competencia son unas pérdidas crónicas. Los 948 millones de libras de pérdidas conjuntas antes de impuestos declarados en 2024-25 significan que muchos propietarios subvencionan sus clubes con dinero ajeno al negocio del fútbol [7]. Es el modelo en el que los propietarios persiguen títulos, estatus o una venta futura antes que un beneficio anual. Explica también por qué los clubes europeos rara vez reciben subvenciones a la estadounidense para sus estadios: un propietario que ya financia pérdidas tiene poco margen para amenazar con un traslado, porque en un sistema de ascensos y descensos el club no puede trasplantarse fácilmente a otra ciudad.

Los aficionados son la tercera parte del reparto, y pagan en varios puntos. El Fan Cost Index de Team Marketing Report, que calcula el precio de cuatro entradas medias, dos cervezas, dos refrescos, cuatro perritos calientes y una plaza de aparcamiento, subió un 8,9 % en la NFL en 2024, hasta 691,41 dólares, y la entrada media se encareció un 12,2 %, hasta 136,38 dólares [42]. En la Premier League, los ingresos de los días de partido crecieron un 15 % en 2024-25 y superaron por primera vez los 1.000 millones de libras [6]. Quienes ven los partidos en casa pagan mediante suscripciones a las cadenas y plataformas cuyos derechos financian las ligas [3] [4]. Y muchas de esas mismas personas vuelven a pagar como contribuyentes cuando se construye un nuevo estadio [18]. Una familia que compra entradas, se suscribe a un servicio deportivo y reside en una jurisdicción que financia un recinto contribuye tres veces a los ingresos del equipo. Solo uno de esos pagos es una transacción de mercado voluntaria en el sentido habitual.

El reparto entre jugadores y propietarios lo negocian dos partes organizadas, con abogados, economistas y la amenaza de una huelga o de un cierre patronal. Los contribuyentes no se sientan a esa mesa. Entran en el sistema mediante una negociación aparte, entre un equipo y una ciudad o un estado, en la que el equipo suele tener la sartén por el mango porque puede amenazar de forma creíble con marcharse [18]. La asimetría es importante. Los jugadores han conseguido negociar aproximadamente la mitad de los ingresos de la liga [12] [14]. El público, que en muchas ciudades paga buena parte del estadio, no suele recibir parte alguna de los ingresos y a menudo renuncia, además, al impuesto sobre bienes inmuebles del edificio [18]. Entre los clubes de la NFL se distribuyeron más de 14.000 millones de dólares en ingresos nacionales la temporada pasada, y nada de ello pasó por un presupuesto municipal [1]. La siguiente sección mide cuánto ha crecido esa aportación pública y a qué ritmo sigue creciendo.

La parte pública del coste de los estadios ha caído en términos porcentuales mientras crecía en términos absolutos. Bradbury, Coates y Humphreys constatan que la cuota pública mediana de los costes de construcción descendió del 70 % en las décadas de 1990 y 2000 a aproximadamente la mitad en la de 2010, y que los recintos inaugurados o proyectados en la década de 2020 han recibido en torno al 40 % de su financiación de los contribuyentes ✓ Hecho establecido [18]. Como los costes de construcción se han disparado, una cuota menor supone hoy un cheque mayor. La aportación pública mediana para los recintos abiertos en la década de 2020 asciende a 500 millones de dólares [18]. Las cifras declaradas, además, subestiman el coste real. Un trabajo de Judith Grant Long, citado en la misma revisión, concluye que las aportaciones públicas no declaradas —suelo, infraestructuras e impuestos a los que se renuncia— elevan las obligaciones públicas entre un 25 % y un 40 % por encima de las cifras oficiales [18]. Los autores advierten de que se avecina una nueva oleada de sustitución de estadios y de que el gasto público muestra una trayectoria de crecimiento que podría resultar costosa para los presupuestos públicos en las próximas décadas [18].

Búfalo muestra cómo evoluciona un acuerdo desde su anuncio hasta la inauguración. En marzo de 2022, el estado de Nueva York y el condado de Erie acordaron aportar 850 millones de dólares para un nuevo estadio de los Bills —600 millones del estado y 250 millones del condado— frente a un coste previsto de 1.350 millones ✓ Hecho establecido [21]. Era alrededor del 63 % del coste previsto y, en aquel momento, el mayor compromiso público jamás contraído para una instalación de la NFL [21]. La NFL prestó al club 200 millones, y los propietarios, Terry y Kim Pegula, quedaron obligados a aportar al menos la misma cantidad [21]. El nuevo Highmark Stadium se inauguró el 23 de junio de 2026 con un coste final de unos 2.100 millones de dólares [22]. El club cubrió los sobrecostes y asumió deuda adicional a medida que subían los costes [23], de modo que la cuota pública de la factura final bajó a aproximadamente el 40 %. El compromiso público, sin embargo, no bajó en absoluto. Quedó fijado en 850 millones desde el principio, a lo que se suma el valor del suelo y de los acuerdos de explotación que lo acompañan.

Nashville batió después un nuevo récord. El estadio cubierto de los Tennessee Titans tiene un coste previsto de 2.100 millones de dólares y debe abrir en 2027 [24]. La parte pública, de 1.260 millones, se compone de 500 millones en bonos del estado y 760 millones en bonos de ingresos emitidos por la Autoridad Deportiva Metropolitana, la mayor suma de dinero público jamás comprometida para un recinto del deporte profesional en Estados Unidos ✓ Hecho establecido [24]. La obligación local suele presentarse como una fracción del total y como autofinanciada, porque debe amortizarse con la recaudación futura que genere el propio recinto [18]. Bradbury, Coates y Humphreys la traducen a una medida más tangible: la obligación local de 760 millones equivale a unos 2.600 dólares por hogar del área metropolitana de Nashville, y la aportación estatal de 500 millones añade unos 190 dólares por hogar de Tennessee [18]. El estadio al que sustituye se inauguró en 1999. Dicho de otro modo, se está reemplazando con dinero público un edificio que no ha cumplido aún tres décadas.

El caso de los Chiefs muestra cómo la competencia entre estados encarece el precio. Kansas ofreció por primera vez en 2024 bonos STAR que cubrían hasta el 70 % del coste del estadio tanto a los Chiefs como a los Kansas City Royals, y un consejo bipartidista de legisladores amplió después hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los equipos aceptaran [27]. Misuri, sede actual de ambos equipos, respondió con un paquete que pagaría hasta el 50 % de estadios nuevos o renovados [27]. Los economistas avisaron de que las cuentas no salían. Los bonos STAR se amortizan con el impuesto sobre las ventas recaudado en un distrito delimitado en torno al proyecto, y buena parte de ese gasto se desviaría sin más de otros comercios locales [26]. Geoffrey Propheter, de la Universidad de Colorado en Denver, lo expresó sin ambages: no se va a generar suficiente recaudación neta para cubrir una de las instalaciones, y mucho menos dos [26]. Kansas aprobó de todos modos el acuerdo con los Chiefs [25]. Los dos estados forman parte de la misma economía metropolitana, de modo que la región obtiene un estadio que ya tenía mientras uno de los estados paga por trasladarlo unos kilómetros.

Washington y Las Vegas completan el panorama de la oleada actual. En septiembre de 2025, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó definitivamente, por 11 votos a dos, un plan para que los Washington Commanders regresen al emplazamiento del RFK Stadium, con una aportación de 2.700 millones de dólares del equipo y de unos 1.100 millones de la ciudad para el estadio, viviendas, zonas verdes y un complejo deportivo [28]. La alcaldesa Muriel Bowser lo calificó como el mayor proyecto de desarrollo económico de la historia de la capital, y está previsto que el recinto abra en 2030 [28]. En Nevada, la Senate Bill 1 limitó a 380 millones de dólares, sobre un coste estimado de 1.500 millones, la financiación pública del nuevo estadio de 30.000 localidades de los Athletics en el Strip de Las Vegas, mediante bonos del condado, un distrito fiscal especial y créditos fiscales transferibles [29]. Se prevé que el equipo empiece a jugar allí en 2028 [29]. Los instrumentos concretos varían de un estado a otro. La transacción de fondo es la misma: dinero público a cambio de la presencia de un equipo.

El Gobierno federal contribuye a través del código tributario. Los intereses de la mayoría de los bonos estatales y locales están exentos del impuesto federal sobre la renta, y equipos y gobiernos se esfuerzan por que los bonos para estadios cumplan los requisitos [19]. Un estudio de la Brookings Institution firmado por Ted Gayer, Austin Drukker y Alexander Gold halló que 36 de los 45 estadios de las grandes ligas construidos o renovados a fondo entre 2000 y la fecha de su investigación recurrieron a bonos exentos, con un coste para el Gobierno federal de 3.700 millones de dólares: 3.200 millones en subvención y 500 millones en pérdidas de recaudación adicionales en favor de bonistas acaudalados ✓ Hecho establecido [20]. Bradbury, Coates y Humphreys estiman la recaudación federal perdida entre 2000 y 2020 en 4.300 millones [18]. La factura va a crecer. Sustituir los 32 recintos de las grandes ligas que tendrán al menos 30 años y no se habrán renovado en los últimos 15 costaría, con la mediana actual, 16.000 millones de dólares de dinero público, y otros 34 recintos inaugurados en la década de 2000 cumplirán 30 años de aquí a 2040, lo que supone otros 17.000 millones [18].

La investigación sobre el efecto económico local de los estadios comenzó en serio a finales de la década de 1980, cuando Robert Baade y Richard Dye apenas hallaron indicios de relación sistemática alguna entre construir un estadio, o acoger un equipo, y la renta o el empleo metropolitanos [19]. Coates y Humphreys ampliaron ese trabajo en 1999, combinando datos de la NFL, la Major League Baseball y la NBA, y concluyeron que el efecto global del entorno deportivo profesional era una reducción de la renta personal per cápita en el área metropolitana de acogida ◈ Evidencia sólida [19]. Su explicación tiene que ver con adónde va el dinero. El gasto en un estadio es, en su mayor parte, gasto que los residentes habrían hecho en otras formas de ocio en la misma ciudad. Propietarios y jugadores son más ricos que el residente medio y ahorran una parte mayor de lo que ganan, y muchos jugadores viven fuera de la ciudad buena parte del año [19]. Cada dólar gastado en el estadio produce, por tanto, ondas menos numerosas y más pequeñas en la economía local que ese mismo dólar gastado en otro lugar [19].

Estudios posteriores buscaron beneficios en los sectores con más probabilidades de salir ganando. Coates y Humphreys examinaron en 2003 las rentas y el empleo por sectores y no encontraron efecto alguno sobre el empleo ni los salarios en la mayor parte de la economía, incluidos los hoteles, bares y restaurantes que subrayan los argumentos turísticos ◈ Evidencia sólida [19]. El único sector con salarios más altos fue el del ocio, que incluye a los propios deportistas [19]. Trabajos más recientes recurren a datos inmobiliarios para detectar efectos localizados. Gabriel Ahlfeldt y Wolfgang Maennig hallaron que el valor del suelo en Berlín era mayor hasta unos 3.000 metros alrededor de tres instalaciones deportivas, y un estudio de Feng y Humphreys en Columbus encontró viviendas más caras cerca de dos recintos de financiación privada [19]. Coates extrae la conclusión evidente: los recintos pueden elevar el valor de los inmuebles o la actividad en su entorno inmediato, pero el efecto no se extiende más allá de un par de millas y, desde luego, no abarca toda un área metropolitana [19]. Ganan los propietarios cercanos; pagan los contribuyentes de otros lugares.

Los grandes acontecimientos, invocados a menudo para justificar nuevos recintos, siguen el mismo patrón a mayor escala. Robert Baade y Victor Matheson hallaron que las estimaciones de la NFL sobre el impacto económico de una Super Bowl podían estar exageradas hasta diez veces, y que los aumentos medidos de la actividad económica local oscilan entre unos 30 y 120 millones de dólares, no los cientos de millones que se pregonan [31]. Un estudio de Heller y Stephenson estimó que la Super Bowl de 2017 en Houston elevó los ingresos hoteleros locales en 44 millones de dólares [18]. La tasa hotelera del 2 % de Houston sobre esos ingresos adicionales produjo unos 880.000 dólares, menos del 0,3 % de los 310 millones de dinero público empleados en construir el NRG Stadium [18]. Los Juegos Olímpicos salen aún peor parados. El Oxford Olympics Study 2024 de Bent Flyvbjerg y Alexander Budzier constató que todos los Juegos celebrados desde 1960 han superado su presupuesto, con un desvío medio del 159 % en términos reales, y estimó el coste de París 2024 en 8.700 millones de dólares, con un sobrecoste del 115 % ✓ Hecho establecido [30].

El argumento más sólido a favor de las subvenciones no es el crecimiento económico, sino el valor cívico: la satisfacción que sienten los residentes por tener un equipo, aunque nunca acudan al estadio. Los economistas lo miden con encuestas que preguntan cuánto pagarían los residentes por conservar o atraer un equipo. Bradbury, Coates y Humphreys recopilan los resultados de estos estudios para recintos de Pittsburgh, Jacksonville, Portland, Indianápolis, Calgary y Edmonton, y encuentran un patrón constante [18]. Estos llamados valores de no uso equivalen de media a cerca del 13 % del coste total de construcción y al 16 % de las aportaciones públicas ◈ Evidencia sólida [18]. Es un beneficio real, y podría justificar cierta financiación pública. Pero respalda una aportación de aproximadamente una sexta parte de lo que los gobiernos pagan en realidad. A la luz de esta evidencia, una ciudad que financia el 40 % o el 60 % de un estadio paga varias veces lo que sus propios residentes dicen que vale para ellos el equipo como bien cívico [18].

Si la evidencia es tan clara, cabe preguntarse por qué persisten las subvenciones. Bradbury, Coates y Humphreys apuntan a la economía política antes que a la economía [18]. Los beneficios se concentran en propietarios, jugadores, constructoras y propietarios de suelo cercano, mientras que los costes se diluyen entre los contribuyentes. Los equipos pueden amenazar con trasladarse, y esa amenaza funciona: los Chicago White Sox recibieron 157 millones de dólares en ayudas públicas para sustituir el Comiskey Park tras amenazar con marcharse [18]. También han recibido grandes subvenciones equipos que no pretendían mudarse, entre ellos los Atlanta Falcons, con 700 millones; los New York Yankees, con 293 millones, y los Texas Rangers, con 500 millones [18]. Los grandes acontecimientos se usan como recompensa. Seis de las nueve Super Bowls disputadas entre 2011 y 2019 se celebraron en estadios inaugurados en los cuatro años anteriores [31]. Los estudios de impacto de las consultoras, que cuentan el gasto bruto y no la actividad nueva neta, suministran las cifras que citan los políticos [31] [18].

El consenso no está del todo exento de controversia ⚖ Controvertido. En un comentario de 2025, Bruce Johnson, Rodney Fort y Mark Rosentraub sostuvieron que el lenguaje del consenso exagera la cuestión y que los gobiernos deberían sopesar costes y beneficios proyecto a proyecto en lugar de descartar por completo el apoyo público [33]. El propio Coates reconoce que hay desacuerdo sobre qué conclusiones extraer de la literatura y sobre si esta constituye un consenso [19]. Hay también indicios de que la forma de propiedad importa. Un estudio anterior citado en la revisión de 2024 halló que las instalaciones de financiación privada se construyeron con un coste de alrededor del 60 % del de las públicas [18], lo que sugiere que el dinero público encarece el edificio además de la factura del contribuyente. El desacuerdo, no obstante, versa sobre cuánto beneficio intangible conviene reconocer y cómo estructurar los acuerdos. No afecta a la tesis central de los defensores de los estadios, según la cual los nuevos recintos generan crecimiento local neto. En ese punto, la evidencia es casi unánime [17] [32].

Inglaterra ofrece el contraste más nítido. El nuevo estadio del Tottenham Hotspur se inauguró en abril de 2019 con un coste de alrededor de 1.000 millones de libras, financiado por el club, con Goldman Sachs al frente de la estructuración de 637 millones de esa financiación ✓ Hecho establecido [41]. El Hill Dickinson Stadium del Everton, a orillas del puerto de Liverpool, abrió en 2025 con un coste de unos 800 millones de libras, respaldado por 350 millones de financiación privada a largo plazo, tras 133 años en Goodison Park [40]. El traslado puso fin a la búsqueda de un nuevo hogar que había durado más de una década [40]. La diferencia es estructural. En la pirámide del fútbol inglés, un club que se mudara a otra ciudad perdería su posición en la liga, su historia y su afición, de modo que la amenaza de traslado que impulsa las negociaciones estadounidenses apenas tiene peso. Los clubes están ligados a sus ciudades, y los propietarios que quieren un estadio mayor suelen tener que pagarlo.

Alemania va más allá y limita quién puede controlar un club. Con arreglo a la regla del 50+1, los socios de un club deben poseer la mayoría de los derechos de voto de su sociedad de fútbol profesional. En 2025, el Bundeskartellamt, la autoridad federal de la competencia, concluyó que la regla es compatible en lo fundamental con el derecho de la competencia porque preserva la identidad de los clubes y la participación de los socios, pero exigió a la liga que la aplicara de forma coherente [34]. La autoridad reclamó cambios en los casos del Bayer Leverkusen, el VfL Wolfsburg, el RB Leipzig y el Hannover 96, donde las excepciones o una aplicación desigual habían debilitado la regla [34]. El Reino Unido ha tomado otro camino hacia el mismo objetivo. La Football Governance Act recibió la sanción real el 21 de julio de 2025 y creó un Regulador Independiente del Fútbol para las cinco primeras divisiones masculinas, con facultades para examinar a los propietarios, supervisar las finanzas de los clubes, bloquear competiciones escindidas y abordar el reparto de los ingresos ✓ Hecho establecido [35].

Japón y Australia muestran otros modelos más. En 2016, la Agencia de Deportes de Japón publicó unas directrices para convertir estadios y pabellones de centros de coste en centros de beneficio, y en 2022 el Gobierno incluyó los recintos deportivos en un programa de concesiones público-privadas con un objetivo de 7 billones de yenes hasta marzo de 2032 [39]. El ejemplo más destacado es el Es Con Field Hokkaido, un estadio de béisbol de 35.000 localidades que costó unos 60.000 millones de yenes y que es propiedad de Nippon Ham, la empresa alimentaria dueña de los Fighters, que también lo gestiona [38]. Se levanta en el centro de un desarrollo de 32 hectáreas con parques, comercios, granjas y restaurantes [38]. En Australia, la entrada de Tasmania en la Australian Football League (AFL) en 2028 quedó condicionada a un nuevo estadio cubierto en Macquarie Point, en Hobart, cuyo coste estimado ha ascendido a 945 millones de dólares australianos [37]. El estado comprometió 375 millones, el Gobierno federal 240 millones y la AFL 15 millones, y otros 300 millones aproximadamente procederán de endeudamiento estatal [37]. La propia comisión de planificación del estado recomendó no construirlo [36].

El hilo común es el poder de negociación. En una liga cerrada con un número fijo de franquicias, cada ciudad sin equipo es un posible postor, y cada equipo puede amenazar con marcharse ◈ Evidencia sólida [18]. La amenaza de traslado es creíble porque se ha llevado a la práctica: cuatro de los diez traslados de la NBA, la NHL y la NFL en la década anterior a 1996 estuvieron claramente vinculados a la financiación exenta de impuestos de una nueva instalación [19]. En una pirámide europea abierta, el valor de un club está unido a su lugar, a su posición en la liga y a su afición, y trasladarlo destruiría buena parte de lo que lo hace valioso. En Japón, la propiedad empresarial vuelve a cambiar el cálculo. Nippon Ham trata a los Fighters y su estadio como parte de un negocio más amplio y ha aportado su propio capital en consecuencia [38] [39]. No se trata de diferencias en la economía de los estadios. Son diferencias en quién tiene el poder de negociación cuando se negocia un estadio.

Fuera de Estados Unidos, el erario sigue pagando por otras vías. Las ciudades que acogen los Juegos Olímpicos asumen los mayores riesgos de todos, ya que todos los Juegos desde 1960 han superado su presupuesto [30]. El estudio de Oxford señala que, en otros tipos de inversión de capital, entre el 10 % y el 60 % de los proyectos suelen ajustarse al presupuesto o quedar por debajo; en los Juegos Olímpicos, la cifra es cero [30]. Tasmania demuestra que una exigencia al estilo estadounidense puede importarse allí donde una liga controle el acceso: el estadio es una condición de la licencia, no una decisión tomada por sus méritos [37] [36]. Y donde los estados son dueños directos de los clubes, la distinción entre subvención e inversión deja de existir. El Fondo de Inversión Pública saudí posee el 75 % de cuatro de los principales clubes, y los 957 millones de dólares récord que estos y sus rivales gastaron en jugadores en 2023 fueron una decisión de política nacional antes que una apuesta comercial [43]. La cuestión, en todos los países, no es si hay dinero público en el deporte, sino cuánto, en qué condiciones y con qué parte de los rendimientos.

La comparación internacional apunta a una conclusión sencilla. Las grandes subvenciones a estadios habituales en Norteamérica no son una ley económica; son fruto de la estructura de las ligas y del poder de negociación ◈ Evidencia sólida [18] [19]. Incluso en Norteamérica, 25 de los 98 recintos inaugurados desde 1990 se construyeron con un 5 % o menos de financiación pública declarada [18]. Donde los equipos no pueden amenazar de forma creíble con marcharse, como en el fútbol inglés, los propietarios han financiado ellos mismos grandes estadios [41] [40]. Donde los gobiernos han fijado reglas claras sobre la propiedad, como en Alemania y ahora en el Reino Unido, lo han hecho sin impedir que los clubes compitan al máximo nivel [34] [35]. Donde una liga controla el acceso y las ciudades compiten por el privilegio de acoger a un equipo, como en la NFL, la AFL o el movimiento olímpico, el erario paga más [25] [37] [30]. Una política que aspire a cambiar el resultado tiene que cambiar la posición negociadora, no solo el tamaño de la subvención.

El intento federal de frenar la financiación exenta de los estadios produjo el efecto contrario al buscado. La Tax Reform Act de 1986 impide que más del 10 % del servicio de la deuda de los bonos exentos proceda de ingresos generados por el estadio, lo que se interpretó en el sentido de que los recargos sobre las entradas no podían amortizar la deuda [19]. Los gobiernos locales respondieron amortizándola con otras fuentes, y en 2001 más del 66 % de las 99 instalaciones de las grandes ligas entonces en funcionamiento cubrían los gastos del estadio con ingresos generales [19]. En 1996, el senador Byron Dorgan se lamentó de que el Congreso creía haber cerrado en 1986 la financiación pública de estadios privados, solo para descubrir que la única vivienda pública que sigue gozando de buena salud son los estadios deportivos de los propietarios ricos [19]. El proyecto de Moynihan de ese mismo año habría puesto fin a la exención. Al presentarlo, el senador dijo: que se construyan los nuevos estadios, pero no a costa del contribuyente estadounidense [19]. No salió adelante, y tampoco ninguno de sus sucesores [19].

En el ámbito estatal, la dinámica principal es la competencia entre jurisdicciones. La negociación de los Chiefs enfrentó a dos estados de una misma área metropolitana, y ganó la oferta con mayor cuota pública [25] [27]. En Tasmania, el gobierno presentó una ley para acelerar la aprobación del estadio y sortear el procedimiento habitual de la comisión de planificación, después de que los costes hubieran pasado de 715 a 945 millones de dólares australianos [37]. En todos los casos, el diseño institucional favorece al equipo. Los plazos los marca el contrato de arrendamiento del equipo, la alternativa se presenta como la pérdida de la franquicia y la evidencia sobre el impacto económico llega en forma de informes de consultoras encargados por las partes que quieren el acuerdo [18] [31]. La propia auditoría de Kansas de 2021, según la cual solo tres de 16 proyectos con bonos STAR habían cumplido sus objetivos turísticos, no impidió que el programa se utilizara para el mayor proyecto de su historia [26]. Los riesgos que se derivan son previsibles, y la tabla siguiente recoge los más significativos, con una valoración de su probabilidad y de su coste a la luz de la evidencia actual.

Es posible cerrar mejores acuerdos, y la investigación identifica cómo se estructuran. El primer principio es pagar solo por lo que recibe el público. Si los valores de no uso equivalen de media al 13 % del coste de construcción, una aportación pública de ese orden es defendible, y todo lo que la supere con creces es una transferencia al equipo [18]. El segundo es contabilizar todos los costes. Las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, las cesiones de suelo y las infraestructuras deberían incluirse en la cuota pública, porque a menudo superan la subvención anunciada [18]. El tercero es participar en los rendimientos. El Metrodome de Mineápolis se financió en un 90 % con dinero público, pero su contrato de arrendamiento daba al arrendador público una parte tan grande de los ingresos del equipo que figuró entre los mejores acuerdos de su época [18]. Y el cuarto es limitar el dinero público a infraestructuras que sirvan a fines más amplios. El Gillette Stadium de los New England Patriots, inaugurado en 2002, no recibió financiación pública directa para su construcción, aunque el estado gastó 70 millones de dólares en las infraestructuras del entorno [18].

Los partidarios de la financiación pública plantean argumentos que merecen ser escuchados con ecuanimidad ⚖ Controvertido. El primero es el valor cívico: los residentes conceden un valor medible a tener un equipo, aunque sea inferior a las subvenciones habituales [18]. El segundo es la regeneración urbana. El Distrito de Columbia presenta su acuerdo del RFK como un proyecto de desarrollo que incluye viviendas, zonas verdes y un complejo deportivo, no solo un estadio [28]. El tercero es el efecto localizado sobre el valor de los inmuebles, que es real en un radio de una o dos millas en torno a un recinto [19]. El cuarto es que el lenguaje del consenso quizá sea demasiado tajante y que las decisiones deberían tomarse caso por caso [33]. El peso de la evidencia no respalda las promesas de crecimiento que suelen acompañar a un acuerdo, pero estos argumentos sí justifican un planteamiento más acotado y más honesto. La comparación siguiente resume la versión más sólida de cada postura.

Más allá de los estadios, otras tres cuestiones de la economía del deporte siguen de verdad abiertas. La primera es cuánto valen realmente las franquicias: Forbes y Sportico difieren en 1.500 millones de dólares solo en el caso de los Cowboys [8] [10], y ambas se basan en datos financieros privados. La segunda es el reparto de los ingresos en el béisbol, donde los propietarios califican su propuesta de reparto equitativo y el sindicato la califica de recorte salarial de más de 500 millones de dólares [16]. La tercera es si continuará el auge audiovisual ⚖ Controvertido. Los nuevos contratos de la NBA multiplicaron por unos 2,5 las cuotas anuales [4], pero el último acuerdo nacional de la Premier League creció solo un 4 % [5], y sus ingresos televisivos apenas subieron un 2 % en 2024-25 [6]. La opción de la NFL de abandonar sus contratos tras la temporada 2029 será la próxima gran prueba de si el valor de los derechos sigue subiendo [3]. Si se frena, aumentará la presión para obtener ingresos de los estadios, de las entradas y del erario.

La evidencia, por tanto, acota el debate político en lugar de zanjarlo. Ya no resulta creíble sostener que los estadios se pagan solos mediante el crecimiento económico; la investigación sobre esa cuestión está tan asentada como pueda estarlo cualquier resultado de la economía empírica [17] [32]. Las verdaderas decisiones atañen a cuánto pagar por beneficios intangibles, cómo contabilizar los costes ocultos, si los contribuyentes federales deben seguir respaldando acuerdos locales y cómo impedir que las jurisdicciones pujen unas contra otras [18] [19] [20]. Son cuestiones políticas, y distintas comunidades pueden responderlas de maneras distintas. Pero deberían responderse a partir de lo que muestra la evidencia, no de estudios de impacto que cuentan como dinero nuevo cada dólar gastado en un estadio [31]. Coates señaló que los proyectos de ley federales para suprimir la exención, incluido uno presentado en 2025, no han logrado avanzar una y otra vez [19]. La sección final reúne todos estos hilos.

Seguir el dinero ofrece una imagen clara. Cadenas y plataformas de streaming pagan unos 10.000 millones de dólares al año a la NFL y casi 7.000 millones anuales a la NBA, y esos pagos se reparten entre los clubes en las condiciones que fijan las ligas [3] [4] [1]. Los jugadores reciben alrededor de la mitad de los ingresos resultantes mediante la negociación colectiva, una cuota que se ha mantenido estable en el fútbol americano y el baloncesto y que ahora se ve atacada en el béisbol [12] [14] [16]. Los propietarios se quedan con el resto, junto con todo el beneficio de la revalorización de las franquicias, cuyo valor casi se ha triplicado en cinco años en la NFL [8] [9]. Los aficionados pagan con entradas, consumiciones y suscripciones, y los costes de los días de partido suben con fuerza tanto en la NFL como en la Premier League [42] [6]. Y el erario paga una gran parte de los recintos —mediante subvenciones directas, bonos de ingresos, exenciones fiscales y la renuncia al impuesto sobre bienes inmuebles— a una escala que va a crecer en la próxima oleada de sustituciones [18] [20].

Seguir el riesgo ofrece una imagen distinta. Las partes que se quedan con la mayor parte de las ganancias son las que menos riesgo asumen. Los ingresos audiovisuales están contratados con años de antelación, los salarios de los jugadores están ligados a los ingresos mediante una fórmula y el valor de las franquicias se apoya en una escasez que controlan las ligas [3] [12] [8]. Los contribuyentes, en cambio, cargan con el riesgo de los sobrecostes, de los déficits de los bonos de ingresos y de recintos que se jubilan al cabo de tres décadas aún en pie [18] [26]. En Búfalo, el club absorbió los sobrecostes, pero el compromiso público se mantuvo fijo en 850 millones de dólares pasara lo que pasara [21] [23]. En Kansas, la deuda se amortizará con un distrito de impuesto sobre las ventas cuyo gasto procede en gran medida de otros comercios locales [26]. El resultado es un arreglo insólito en el que los actores privados más rentables de la transacción quedan a salvo del riesgo, mientras que el erario, que obtiene el menor beneficio medible, soporta la mayor parte.

Un enfoque mejor se desprende directamente de la evidencia. Las aportaciones públicas deberían dimensionarse en función del valor cívico medible de un equipo, que la investigación sitúa en torno al 13 % a 16 % de los costes, y no del precio que pide el equipo [18]. Todos los elementos del apoyo público, incluidos el suelo, las infraestructuras y las exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, deberían contabilizarse y publicarse antes de una votación [18]. Los contratos de arrendamiento deberían conceder al erario una parte de los ingresos que genere un edificio financiado con fondos públicos, como hicieron algunos acuerdos anteriores [18]. En el ámbito federal, poner fin al uso de bonos exentos para recintos del deporte profesional eliminaría una subvención que pagan los contribuyentes de todo el país y que solo beneficia a las jurisdicciones que ganan la puja [20] [19]. Y los estados podrían comprometerse a no usar dinero público para atraer equipos de jurisdicciones vecinas de la misma área metropolitana, algo que genera costes sin ganancias regionales [25] [27].

Varios acontecimientos de los próximos dos años mostrarán si la política se mueve. El convenio laboral de la Major League Baseball vence el 1 de diciembre de 2026, y su desenlace determinará si este deporte adopta un tope salarial y cómo reparte sus ingresos [45] [16]. El estadio de los Titans debe abrir en 2027, con lo que entrará en servicio el mayor compromiso público para un estadio de la historia de Estados Unidos [24]. El proyecto de los Chiefs en Kansas pondrá a prueba si los bonos STAR pueden financiar un recinto de esta escala [25] [26]. En el Reino Unido, el nuevo Regulador Independiente del Fútbol empezará a ejercer sus facultades sobre la propiedad de los clubes y el reparto de los ingresos [35]. Y la opción de la NFL de abandonar sus contratos audiovisuales tras la temporada 2029 mostrará si al auge de los derechos le queda recorrido [3]. En Australia, el estadio de Tasmania mostrará qué ocurre cuando una liga convierte un recinto en condición de entrada pese a un informe de planificación desfavorable [36] [37].

El deporte profesional es un negocio extraordinario, y buena parte de su éxito es merecido. Las ligas han creado productos que cientos de millones de personas quieren ver, y las empresas audiovisuales pagan en consecuencia [3] [4] [5]. Los jugadores han negociado una parte justa de lo que producen [12] [14]. El problema reside en un eslabón concreto de la cadena: la afirmación de que el dinero público para estadios es una inversión en crecimiento local. Sobre esa afirmación, la evidencia de casi cuatro décadas es coherente y clara [17] [19] [32]. Los estadios desplazan el gasto dentro de una región; apenas lo crean. Sus beneficios son reales pero modestos y se concentran en su entorno, y sus costes son elevados, en parte ocultos y se reparten entre contribuyentes que quizá nunca asistan a un partido [18]. Una ciudad que quiera un equipo puede seguir decidiendo pagar por él. Debería hacerlo sabiendo lo que compra, y a un precio que refleje lo que, según la evidencia, vale de verdad el equipo.