El 0,1 % más rico alcanza el 13,8 %: cómo se blinda la riqueza (datos 2026)

Las cuentas nacionales distributivas de Saez y Zucman, actualizadas en septiembre de 2024 y de nuevo con los datos de cierre de ese ejercicio, sitúan al 0,1 % más rico de los hogares estadounidenses en el 13,8 % de la riqueza nacional, la lectura más elevada de toda la serie [7]. Esa cifra, por sí sola, ya sería titular. El detalle que la acompaña resulta aún más llamativo: los 19 hogares más ricos controlaban el 1,8 % de la riqueza total de los hogares —en torno a 2,6 billones de dólares— al cierre de 2024, frente al 1,2 % al final de 2023 [7]. Un avance de 0,6 puntos porcentuales en un solo año supera la ganancia acumulada por este mismo segmento entre 1982 y 2023.

El patrón no es exclusivo de Estados Unidos. El Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 (World Inequality Report 2026), coordinado por Lucas Chancel, Thomas Piketty y otros investigadores, concluye que el 1 % más rico del planeta acaparó el 41 % de toda la nueva riqueza creada entre 2000 y 2024 [2]. La mitad más pobre de la humanidad recibió un 1 % de esa riqueza incremental. El Global Wealth Report 2025 de UBS calcula que los 60 millones de adultos con al menos un millón de dólares de patrimonio neto —el 1,6 % de la población adulta mundial— concentran ya el 48,1 % de la riqueza total de los hogares, mientras que los 1.550 millones de adultos situados en la base apenas alcanzan el 1 % [1].

El marco que presentaba la desigualdad como un fenómeno lento, a escala secular, ha condicionado la respuesta política durante toda una generación. Los datos de 2024 exigen otra metáfora. Un movimiento de 0,6 puntos porcentuales en un solo año en la cuota de 19 hogares constituye, por estándares históricos, una transición de fase y no la continuación de una tendencia [7]. ◈ Evidencia sólida El observatorio de Oxfam estima que la riqueza global de los multimillonarios creció un 16 % en 2025, hasta alcanzar los 18,3 billones de dólares —tres veces la media quinquenal—, lo que supone añadir 2,5 billones de dólares en doce meses, una cifra equivalente al patrimonio combinado de los 4.100 millones de personas más pobres del planeta [14].

Lo que distingue la segunda fase de la primera es el mecanismo de blindaje. La primera fase, que se extiende aproximadamente desde la desregulación de comienzos de los años ochenta hasta el crac de 2008 y la expansión monetaria posterior a la pandemia, concentró la riqueza en individuos vivos. La segunda fase comienza cuando esa concentración se vuelve hereditaria. Cerulli Associates, el proveedor de datos de referencia del sector patrimonial, estima que entre 2024 y 2048 se transferirán 124 billones de dólares entre generaciones solo en Estados Unidos: 105 billones irán a herederos y 18 billones a entidades benéficas [4]. En torno a 62 billones de ese flujo —más de la mitad— procede del 2 % de hogares situado en la cúspide.

Tres cambios estructurales han convergido para producir la inflexión. Los activos de larga duración —acciones, vivienda, capital privado— se han revalorizado en términos nominales con márgenes que no se alcanzaban en ninguna década desde los años veinte. La participación del trabajo en la renta nacional ha continuado el lento descenso que documentaron Piketty y Saez en los años 2000, con salarios medianos reales que crecieron en la OCDE a un tercio del ritmo al que avanzaron los salarios del decil superior [10]. Y la aritmética demográfica de la generación del baby boom ha entrado en su fase de distribución: las personas que acumularon el stock de activos de posguerra están muriendo o transfiriéndolo. La combinación de valoraciones elevadas, baja participación del trabajo y transferencia intergeneracional es justamente lo que los economistas de la tradición de Piketty anticipaban bajo condiciones r > g. ◈ Evidencia sólida Ahora resulta visible en los datos.

Este informe audita la segunda fase en seis dimensiones: la divergencia consumista en forma de K, la desaparición demográfica de la clase media, la frontera patrimonial entre propietarios e inquilinos, el conducto hereditario de 124 billones de dólares, la guerra metodológica aún no resuelta entre Piketty-Saez-Zucman y Auten-Splinter, el patrón histórico que produjo la Gran Compresión de 1945-1980 y la estrecha ventana política que ahora se pone a prueba con la iniciativa brasileña de imponer un impuesto a los multimillonarios en el G20 y el Pilar Dos de la OCDE sobre tributación mínima de sociedades. La evidencia es abundante y, en algunos puntos, genuinamente discutida. La conclusión no lo es.

Los macroeconomistas de la Reserva Federal de Mineápolis, al revisar a principios de 2026 la literatura sobre la K, concluyeron que la recuperación asimétrica observada por primera vez en 2020 se ha consolidado como un rasgo permanente de la economía de consumo estadounidense [5]. La cuota del decil superior en el gasto de consumo —históricamente en torno a un tercio— ha trepado hasta acercarse a la mitad. La implicación es que las estadísticas agregadas de demanda describen ya dos economías solapadas dentro de una misma gabardina. Cuando el decil superior gasta, el PIB principal parece saludable. Cuando el 90 % inferior se repliega, los datos minoristas y de servicios se debilitan aunque el cuadro macro siga aparentando solidez.

El mecanismo es la diferencia entre activo y salario. ◈ Evidencia sólida Los hogares del decil superior obtienen la mayor parte de sus ganancias patrimoniales en acciones, participaciones empresariales y propiedad inmobiliaria de inversión; los hogares de la mitad inferior derivan sus ingresos casi en exclusiva de salarios y transferencias [8]. Cuando los mercados de renta variable suben un 25 % en un año, los hogares del decil superior ven ganancias patrimoniales directas de cientos de miles de dólares; los hogares de la mitad inferior no perciben nada, porque no poseen acciones. Los datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal muestran que el 1 % más rico mantiene menos del 7 % de su patrimonio en la vivienda principal, mientras que los hogares de clase media concentran en torno al 60 % en vivienda [8].

La vía de la retribución de los consejeros delegados refuerza la divergencia. La auditoría anual del Economic Policy Institute concluyó que en 2024 la compensación media efectivamente percibida por los primeros ejecutivos de las 350 mayores empresas estadounidenses ascendió a 22,98 millones de dólares, 281 veces el salario de un trabajador medio de esas mismas compañías y un 1.094 % superior a la retribución equivalente de 1978 en términos ajustados por inflación [6]. El salario del trabajador medio creció a lo largo de esos 46 años un 26 %. Cerca del 79 % de la retribución de un consejero delegado procede ya de instrumentos vinculados a la acción, lo que significa que el sueldo ejecutivo replica el precio de los activos más que cualquier resultado operativo de la empresa [6].

La K se aprecia también en la riqueza inmobiliaria. El análisis del Urban Institute sobre los datos de la Reserva Federal halló que el patrimonio inmobiliario mediano de los propietarios estadounidenses creció un 44 % entre 2019 y 2022, hasta alcanzar los 200.000 dólares, mientras que la proporción de inquilinos con sobrecarga de costes —los que destinan más del 30 % de sus ingresos al alquiler— marcó un récord histórico [11]. ✓ Hecho establecido Para los estadounidenses nacidos después de 1990, la frontera entre activo y salario y la frontera entre propietario e inquilino son, en buena medida, la misma frontera. Solo el 26,1 % de los adultos de la generación Z y el 54,9 % de los millennials eran propietarios de vivienda en 2024 [11].

La K aparece también en los datos internacionales. La auditoría de la Resolution Foundation de noviembre de 2024 detectó en el Reino Unido una brecha absoluta de riqueza entre el decil superior y el inferior superior a 1,2 millones de libras por hogar [15]. Resulta llamativo que la riqueza mediana de los británicos en la sesentena cayese un 16 % entre 2018 y el tercer trimestre de 2024 —de 470.000 a 390.000 libras—, mientras que la de los treintañeros aumentaba un 17 %, fenómeno explicable en parte por las caídas catastróficas del precio de la vivienda y en parte por las herencias que empiezan a aterrizar. La K también es generacional, no solo económica.

Lo que la K disimula es la realidad económica subyacente sobre cómo se constituye hoy la demanda agregada. Cuando Moody's Analytics estimó en 2025 que el 10 % de mayores ingresos en EE. UU. impulsaba el 49,7 % del gasto en consumo, lo que estaba reportando era un hecho macroeconómico con consecuencias políticas: el 90 % inferior del país ejerce una palanca decreciente sobre la demanda agregada y, por tanto, sobre los productores, que se orientan cada vez más al decil superior. El comercio de lujo, el inmobiliario premium, las segundas residencias y la medicina concierge se expanden; el comercio masivo y los servicios de bajo coste se estancan. ◈ Evidencia sólida Se está revirtiendo la diversificación del consumo que construyó la clase media de posguerra.

La auditoría que Pew publicó en mayo de 2024 sobre la clase media estadounidense es, con cierto margen, la medición longitudinal más rigurosa disponible. Aplicando una definición coherente —hogares que ingresan entre dos tercios y el doble de la renta mediana nacional, ajustada por tamaño del hogar—, Pew constata que la cuota de adultos de clase media descendió del 61 % en 1971 al 51 % en 2023 [3]. La cuota de ingresos bajos aumentó del 27 % al 30 %; la de ingresos altos pasó del 11 % al 19 %. La clase media perdió diez puntos porcentuales; el tramo alto ganó ocho; el bajo, tres.

La historia de los ingresos agregados es aún más nítida. La cuota de la clase media en la renta total de los hogares estadounidenses cayó del 62 % en 1970 al 43 % en 2022, mientras que la del tramo de ingresos altos subió del 29 % al 48 % [3]. Por la aritmética estándar de las cuentas distributivas, se trata de una migración generacional de renta disponible desde el centro hacia la cúspide. Ocurrió lo bastante despacio como para necesitar dos generaciones para hacerse visible, pero lo bastante rápido como para que ningún dato anual concreto generase una crisis política. ◈ Evidencia sólida El carácter ralentizado de esta migración es ya, en sí mismo, un hecho político.

El informe de la OCDE Under Pressure: The Squeezed Middle Class (2019) detectó un patrón paralelo en 36 economías avanzadas. La cuota media de clase media en el conjunto de la OCDE descendió del 64 % de la población a mediados de los años ochenta al 61 % a mediados de la década de 2010 [10]. Uno de cada cinco hogares de clase media gasta hoy más de lo que ingresa. Los salarios medios en la OCDE crecieron a un tercio del ritmo de los salarios del decil superior. La vivienda absorbe en torno a un tercio de la renta disponible de la clase media actual, frente a la cuarta parte de los años noventa [10]. Las condiciones macroeconómicas de una vida de clase media —empleo estable, vivienda asequible, ahorro previsional, gasto discrecional ocasional— se han vuelto, todas ellas, marginalmente más difíciles de alcanzar.

La distribución geográfica de la presión es desigual. En Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos la cuota de clase media se ha mantenido por encima del 65 %, sostenida por instituciones laborales sólidas y transferencias progresivas. En Estados Unidos, Israel y Chile la cuota ha caído hacia y por debajo del 50 %. La correlación que detecta la OCDE con la distribución de la riqueza es llamativa: los países con clases medias más densas registran también niveles de riqueza absoluta más altos en la mediana, mayor confianza en las instituciones y menor polarización política declarada. La relación no es determinista, pero sí robusta.

Japón presenta el caso analíticamente más interesante. Los coeficientes de Gini patrimoniales japoneses han subido desde mediados de los años noventa, pero la identificación nacional con la «clase media» se ha mantenido en las encuestas en torno al 90 %, un nivel al que no se acerca ninguna otra economía de la OCDE. La brecha entre las medidas objetivas de desigualdad y la identificación subjetiva de clase ha llevado a la oficina estadística japonesa a iniciar una revisión plurianual. La explicación más probable, en la sociología japonesa, es que la identificación con la clase media refleja antigüedad laboral, seguridad residencial y credenciales educativas más que el ingreso corriente. Si esa distinción seguirá siendo sostenible a medida que la distribución patrimonial japonesa se siga sesgando es la pregunta abierta.

Lo que une los hallazgos de Pew y la OCDE es que la clase media no se limita a ganar menos en términos reales: se está convirtiendo en una cohorte más pequeña. ◈ Evidencia sólida Una sociedad en la que el 51 % de los adultos son de ingresos medios es una sociedad distinta de aquella en la que lo son el 61 %. La coalición política que sostiene la escuela pública, el transporte colectivo, la sanidad pública y la fiscalidad progresiva ha sido históricamente el 60 % medio de la distribución de la renta. Cuando esa coalición se reduce al 51 %, la aritmética política de la provisión social cambia. Los estados de bienestar construidos para una clase media superior al 60 % comienzan a sufrir tensiones estructurales de ingresos y de economía política, aunque las instituciones formales permanezcan intactas.

El análisis que el Urban Institute hizo de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2022 cuantificó lo que cualquier inquilino menor de 40 años ya sabía: entre 2019 y 2022, el patrimonio inmobiliario mediano de los propietarios estadounidenses creció un 44 %, hasta los 200.000 dólares [11]. En esos mismos tres años, la proporción de hogares inquilinos que destinaba más del 30 % de su renta al alquiler marcó un récord. Los datos de la Reserva Federal muestran que el patrimonio neto mediano de los hogares propietarios fue de 396.200 dólares en 2022, frente a 10.400 dólares en los hogares inquilinos, lo que arroja una ratio cercana a 38 a 1 [8].

El patrón generacional es inequívoco. Solo el 26,1 % de los adultos de la generación Z —los que tenían entre 18 y 27 años en 2024— era propietario de vivienda, frente al 54,9 % de los millennials y al 71,7 % de la generación X en momentos equivalentes del ciclo vital [11]. La edad mediana del primer comprador en EE. UU. subió hasta los 40 años en 2025, la más alta jamás registrada y siete años por encima de los 33 de mediados de los ochenta [11]. El efecto agregado es que la vía de acumulación de riqueza que definió a la clase media de posguerra —comprar una primera vivienda en los veinte, acumular plusvalía durante treinta años y jubilarse con la casa pagada y la Seguridad Social— se ha convertido en una experiencia minoritaria para los estadounidenses nacidos después de 1990.

El mecanismo castiga más de lo que parece. ◈ Evidencia sólida La vivienda no es solo un activo patrimonial: es la partida más voluminosa del presupuesto de quienes no son propietarios. La OCDE informa de que los costes de vivienda de la clase media en sus economías miembros absorben hoy alrededor de un tercio de la renta disponible, frente a un cuarto en los años noventa [10]. La proporción es más alta en las grandes áreas metropolitanas: en Londres, Sídney, Toronto y las grandes ciudades costeras estadounidenses, los hogares inquilinos medianos destinan entre el 40 % y el 50 % de la renta bruta al alquiler. La aritmética es directa: un hogar inquilino que gasta el 40 % de su renta en alquiler ahorra a un tercio del ritmo de un hogar propietario con una hipoteca amortizada. Solo esa diferencia, a lo largo de treinta años, explica una divergencia patrimonial vital de cientos de miles de dólares, antes incluso de cualquier variación en el precio de los inmuebles.

Los datos británicos subrayan la dimensión generacional. El análisis de la Resolution Foundation sobre la Encuesta de Riqueza y Activos de la Oficina Nacional de Estadística constató que la riqueza mediana de los británicos en la sesentena cayó un 16 % entre 2018 y 2024 —de 470.000 a 390.000 libras—, mientras que la de los treintañeros subió un 17 % en el mismo periodo [15]. El patrón obedece en parte a la caída absoluta de los precios inmobiliarios en el sur de Inglaterra entre 2022 y 2024 y en parte a la aceleración de los flujos de herencia conforme los padres de los millennials tardíos empiezan a morir. La K tiene un arco generacional que apenas empieza a darse la vuelta, eso sí, para quienes tienen padres propietarios.

La comparación internacional resulta instructiva. La tasa de propiedad de la vivienda en Alemania es del 50 %, la más baja de Europa Occidental, sostenida por un mercado de alquiler regulado y maduro que ofrece seguridad de tenencia a rentas por debajo del precio de mercado. La Mietpreisbremse (freno al alquiler) alemana y la institución, ya consolidada, del arrendamiento por tiempo indefinido hacen que los inquilinos alemanes experimenten la vivienda como un coste relativamente estable y no como un activo que no han logrado adquirir. Comparada con el modelo angloamericano, la desigualdad patrimonial alemana es similar, pero la experiencia vivida de la desigualdad difiere notablemente. La lección es que «propiedad» y «seguridad de tenencia» son separables: un inquilino con un contrato a treinta años y un coste previsible se encuentra en una situación económica muy distinta a la de uno con contrato anual y revisión del alquiler del 10 % al año.

El umbral patrimonial explica un rasgo de la política contemporánea que desconcierta a muchos observadores: la fuerte correlación entre propiedad de la vivienda y preferencia política por los partidos en el poder, por las políticas de protección de activos y por la zonificación restrictiva. Los propietarios de la OCDE se han organizado racionalmente para defender el valor de su mayor activo. ⚖ Controvertido La literatura de economía política atribuye las restricciones a la oferta de vivienda en las ciudades angloamericanas —y la consiguiente escalada de precios— a esta coalición defensiva, aunque la pretensión causal sigue siendo discutida por economistas inmobiliarios que subrayan factores más amplios de oferta y demanda.

Cerulli Associates, principal proveedor de datos del sector patrimonial, publica la estimación más rigurosamente actualizada sobre la transferencia intergeneracional de riqueza en Estados Unidos. La revisión de diciembre de 2024 cifra en 124 billones de dólares lo que se transferirá entre 2024 y 2048: 105 billones a herederos y 18 billones a entidades benéficas [4]. La cifra se ha revisado al alza seis veces desde que Cerulli publicara, en 2017, una estimación inicial de 59 billones, en cada ocasión por la combinación de revalorización de activos y la incorporación de cohortes que antes no fallecían en cantidades estadísticamente medibles.

La estructura distributiva de la transferencia importa más que el total. Los datos de Cerulli muestran que el 81 % de la riqueza transferida —cerca de 100 billones de dólares— procede de los baby boomers y de la cohorte, más reducida, que les precede. Más de la mitad —62 billones— proviene de hogares con patrimonios elevados y muy elevados, definidos como aquellos que poseen al menos 5 millones de dólares en activos invertibles. Estos hogares representan en torno al 2 % de la población estadounidense. La aritmética es directa: el principal flujo hereditario del próximo cuarto de siglo es una transferencia desde el 2 % superior de la generación mayor hacia una cohorte de herederos jóvenes igualmente concentrada [4].

El patrón guarda eco con el que Piketty y Zucman cuantificaron para la Francia del siglo XIX. Hasta 1910, la herencia explicaba entre el 70 % y el 80 % de la nueva riqueza en las economías europeas. La proporción se desplomó al 30-40 % durante la Gran Compresión de 1950-1980 y vuelve a subir desde los años ochenta hasta el actual 50-60 %, todavía al alza. La transferencia estadounidense de 2024-2048 es la última entrada de una larga secuencia histórica en la que la herencia, suprimida durante una o dos generaciones tras los grandes choques, regresa como mecanismo dominante de asignación de la riqueza. El mecanismo no es nuevo. La escala, sí.

La consecuencia es la consolidación de una inheritocracia: una sociedad en la que las trayectorias vitales vienen determinadas por lo que poseían los padres más que por lo que uno hace. El economista Branko Milanovic la ha medido como la «homogeneidad de las rentas del capital y del trabajo» y señala que, desde el año 2000, Estados Unidos es la primera economía avanzada en la que los mismos hogares aparecen simultáneamente en el decil superior de las rentas del capital y en el decil superior de las rentas del trabajo. La separación que la Revolución Industrial estableció entre capitalistas y trabajadores se está invirtiendo: la cúspide del mercado laboral y la cúspide del mercado de capitales son hoy las mismas personas [2]. La clase media, que en su día aportó la mayor parte de la oferta de trabajo y de la demanda de consumo, queda atrapada entre ambos.

Los datos de movilidad y oportunidades corroboran el diagnóstico. El equipo de Opportunity Insights, dirigido por Raj Chetty, ha mostrado que la probabilidad de que un niño estadounidense gane más que sus padres pasó de aproximadamente el 90 % en la cohorte nacida en 1940 al 50 % en la nacida en los años ochenta [13]. El propio Chetty ha señalado que la probabilidad de alcanzar el Sueño Americano —es decir, superar la renta de los padres— es ahora casi el doble en Canadá que en Estados Unidos. El declive de la movilidad es una consecuencia matemática directa de un crecimiento mediano lento combinado con una distribución de cola pesada: cuando la cúspide se queda con una porción mayor, menos personas, sea cual sea su punto de partida, pueden escalar por encima de la posición de sus padres.

La consecuencia de economía política es lo que los politólogos llaman la fase de «blindaje» del ciclo de la desigualdad. La riqueza hereditaria tiende a ser políticamente autoprotectora: los herederos forman coaliciones para preservar los marcos fiscales y regulatorios que les sostienen, y esas coaliciones son persistentes porque la riqueza que defienden es duradera. La primera fase de la desigualdad —la acumulación— puede revertirse con fiscalidad progresiva, reforma del mercado laboral y correcciones en los precios de los activos. La segunda fase —el blindaje— resulta más difícil de desmontar, porque los activos y la coalición política se refuerzan mutuamente. La ventana para la intervención reformista, en el patrón histórico, se cierra justo antes de que se consolide la fase de blindaje. ◈ Evidencia sólida Los datos de 2024 sugieren que ese momento es, aproximadamente, ahora.

Durante dos décadas, la serie Piketty-Saez —la cuota del 1 % más rico en la renta— ha sido la estadística estrella del debate sobre desigualdad. Muestra que la cuota del 1 % más rico en la renta antes de impuestos estadounidense pasó de cerca del 10 % en 1980 a superar el 20 % en la década de 2010, el mismo nivel registrado por última vez a finales de los años veinte. El capital en el siglo XXI de Piketty (2014) construyó buena parte de su argumento sobre esa serie. En diciembre de 2023, el economista del Tesoro Gerald Auten y el economista del Joint Committee on Taxation David Splinter publicaron una serie alternativa que llegaba a la conclusión contraria: una vez reasignadas las rentas empresariales no gravadas, las transferencias públicas, los seguros médicos provistos por el empleador y los servicios públicos imputados, la cuota posfiscal del 1 % superior se mantenía aproximadamente estable desde los años sesenta [9].

Piketty, Saez y Zucman replicaron en septiembre de 2024 con un documento técnico de cien páginas [7]. Su argumento es metodológico: sostienen que el enfoque de Auten y Splinter presupone una distribución concreta de los componentes no gravados —déficits públicos, seguros médicos del empleador, prestaciones de Medicare no tributadas— que estrecha mecánicamente la brecha entre cúspide y base. ⚖ Controvertido La disputa no es sobre los datos fiscales subyacentes, que son compartidos; es sobre quién se supone que recibe los componentes que el sistema fiscal no mide directamente.

La revisión independiente más rigurosa de la disputa, realizada por el Washington Center for Equitable Growth a finales de 2024, concluyó que ambas series capturan rasgos reales de los datos, pero que el enfoque Auten-Splinter sobreasigna el consumo público imputado al tramo inferior de la distribución en formas que no están empíricamente justificadas. La revisión de Equitable Growth concluyó que, una vez corregidas las imputaciones más discutidas, la cuota del 1 % superior en la renta ha aumentado de forma sustancial desde 1980, aunque algo menos de lo que sugería la cifra original de Piketty-Saez. El consenso entre los economistas de la desigualdad, a finales de 2025, se inclina por el enfoque PSZ y reconoce, al tiempo, que Auten-Splinter ha matizado, sin invalidarlo, el cuadro establecido.

◈ Evidencia sólida La serie de cuota patrimonial está menos discutida. Las estimaciones patrimoniales de Saez y Zucman, que utilizan flujos de renta capitalizados para estimar tenencias de patrimonio, se corroboran con la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, con la lista Forbes de multimillonarios y con las declaraciones del impuesto de sucesiones. Las tres series independientes muestran que la cuota patrimonial del decil superior pasó de aproximadamente el 65 % en 1980 a más del 75 % en la actualidad [7][8]. La lectura de cierre de 2024 del 13,8 % para el 0,1 % superior es coherente entre métodos. La guerra metodológica versa sobre todo sobre la renta, no sobre la riqueza, aunque el debate sobre la renta tiene importancia política porque la fiscalidad opera principalmente sobre los ingresos.

La pregunta más profunda que la disputa plantea es qué mide en realidad la «desigualdad». La visión Auten-Splinter define implícitamente la desigualdad como la posición posfiscal y postransferencia de los hogares, incluidos los servicios públicos imputados y las prestaciones del empleador. La visión PSZ la define como un resultado de mercado, con las transferencias y las imputaciones medidas por separado. ⚖ Controvertido Ambas definiciones son defendibles. La pregunta política —si conviene celebrar o preocuparse por la desigualdad actual en EE. UU.— depende en parte de cuál se aplique. El hecho subyacente compartido es que la desigualdad de mercado antes de impuestos ha crecido de forma drástica y se ve parcialmente compensada por programas de transferencias cuya durabilidad político-electoral a largo plazo no puede darse por supuesta.

La disputa importa operativamente porque la política se fija frente a la medición. Si la desigualdad permanece aproximadamente estable desde 1980, el argumento a favor de un impuesto a los multimillonarios se debilita; si casi se ha duplicado, el argumento es sólido. La réplica de PSZ de septiembre de 2024 no fue casual: coincidió con el encargo, por parte de la presidencia brasileña del G20, del proyecto de impuesto a los multimillonarios elaborado por Zucman. La disputa técnica académica y el debate político avanzan en paralelo, y la discrepancia técnica resulta inusualmente afilada, en parte, porque las apuestas políticas son inusualmente altas [12].

La primera Edad Dorada estadounidense, datada por los historiadores económicos entre 1890 y 1929 aproximadamente, fue un periodo en el que las fortunas industriales —el acero de Carnegie, el petróleo de Rockefeller, los ferrocarriles de Vanderbilt, la banca de Mellon— alcanzaron niveles sin paralelo en el periodo de posguerra hasta tiempos muy recientes. En su pico de 1928, la cuota del 1 % superior en la renta estadounidense rozó el 24 %, un nivel que no volvió a aproximarse hasta finales de la década de 2010 [2]. La desigualdad patrimonial se movió en paralelo: el 1 % superior poseía cerca del 45 % de la riqueza estadounidense en 1929, frente a un mínimo del 22 % a mediados de los años setenta.

La reversión fue abrupta, está plenamente documentada y se conoce hoy como la Gran Compresión. Dos periodos de choque macroeconómico —1914-1918 y 1939-1945— destruyeron capital heredado en toda Europa; la inestabilidad monetaria de entreguerras y el crac de 1929 borraron grandes fortunas en Estados Unidos. La respuesta política de los años treinta, en particular la expansión del Gobierno federal con el New Deal y la introducción en 1942 de controles salariales por parte del National War Labor Board, dejó el molde institucional que se prolongó hasta los años setenta. Los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta superaron el 90 % en Estados Unidos entre 1944 y 1963 y se mantuvieron en el 70 % hasta 1981. Los impuestos de sucesiones eran sustancialmente más altos que hoy. La clase media se expandió, demográficamente y como cuota de la renta nacional.

Lo que distinguió a la Gran Compresión es que fue impulsada por múltiples fuerzas a la vez: destrucción de capital por la guerra, expansión regulatoria del New Deal, la oleada sindical de 1935-1955 —que elevó la participación del trabajo en la renta nacional— y un régimen fiscal de tipos altos. Ninguna de esas fuerzas operó en solitario. La reversión iniciada en 1980 fue igualmente multicausal: desregulación financiera, declive sindical (la densidad sindical en el sector privado estadounidense cayó del 24 % en 1973 al 6 % en 2024), globalización del capital pero no del trabajo, bajadas de los tipos marginales en las administraciones Reagan y Bush y auge de la retribución ejecutiva vinculada a la renta variable más que al rendimiento operativo.

El registro histórico ofrece dos advertencias importantes. ⚖ Controvertido Primera: la Gran Compresión la produjeron en gran medida choques externos —guerras y depresiones—, y no únicamente decisiones políticas deliberadas. Si una nueva Gran Compresión puede producirse en ausencia de tales choques es la pregunta abierta de la economía política contemporánea. Segunda: la fase de blindaje que sigue a un episodio de concentración es históricamente más duradera que la fase de acumulación. Una vez que la riqueza se vuelve hereditaria, la coalición política que la defiende es más amplia que la cohorte que la generó. La ventana para la intervención reformista se estrecha a medida que avanza el blindaje.

El historiador Walter Scheidel, en The Great Leveler (2017), sostuvo que los cuatro mecanismos históricos de reversión de la desigualdad a gran escala —guerra de movilización masiva, revolución transformadora, colapso estatal y peste catastrófica— fueron exógenos y violentos. La visión de Scheidel es el contrapunto pesimista al llamamiento de Piketty a la reforma fiscal democrática: en el registro histórico, sostiene, no hay un solo ejemplo de gran concentración de riqueza revertida por medios estrictamente democráticos. ⚖ Controvertido Otros historiadores, como Lindert y Williamson, discuten la tesis de Scheidel y apuntan al New Deal y a las socialdemocracias de posguerra como nivelaciones democráticas parciales. La disputa es genuina y relevante: determina si entendemos la ventana política actual como estrecha pero real, o como esencialmente cerrada.

En cualquier caso, el precedente es aleccionador. La primera Edad Dorada produjo cincuenta años de concentración antes de revertirse. La segunda lleva ya cuarenta y cinco años de concentración sin reversión visible. Los datos de 2024 sugieren que la concentración está acelerándose hacia su fase hereditaria. El reloj histórico de la intervención reformista corre en contra del blindaje. La próxima década —hasta 2035 aproximadamente— determinará si la segunda concentración se interrumpe por decisión política deliberada o por la clase de choque catastrófico que terminó con la primera.

La respuesta política contemporánea más concreta a la segunda concentración es el encargo que la presidencia brasileña del G20 hizo a Gabriel Zucman, en junio de 2024, para diseñar un impuesto efectivo mínimo coordinado sobre las grandes fortunas. El proyecto de Zucman, publicado como documento de trabajo del G20, propone un impuesto mínimo anual del 2 % sobre el patrimonio de las personas que posean más de mil millones de dólares en activos. La recaudación estimada es de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares al año sobre unos 3.000 individuos. Extenderlo a quienes poseen más de 100 millones de dólares (alrededor de 90.000 personas en el mundo) sumaría otros 100.000 a 140.000 millones [12].

La aritmética de la propuesta de Zucman es llamativa. El tipo efectivo actual de los multimillonarios —medido como el total de los impuestos que pagan en proporción a su riqueza— ronda de media el 0,3 % a escala global. El suelo del 2 % lo multiplicaría aproximadamente por siete, pero aun así dejaría a los multimillonarios pagando, en porcentaje de su riqueza, menos de lo que un hogar de clase media medio paga solo en impuestos sobre la propiedad. ⚖ Controvertido Sus críticos, entre ellos el equipo Auten-Splinter, sostienen que medir el impuesto como porcentaje del patrimonio en lugar de como porcentaje de la renta es conceptualmente inapropiado: la riqueza es un stock, y los impuestos suelen medirse contra los flujos que ese stock genera. Zucman responde que los sistemas fiscales actuales fracasan sistemáticamente a la hora de capturar los flujos que los multimillonarios reciben de verdad —sobre todo, plusvalías no realizadas y rentas empresariales protegidas—, de modo que un mínimo basado en el patrimonio resulta necesario para restaurar una contribución básica [12][9].

El precedente internacional de la propuesta de Zucman es el Pilar Dos del impuesto mínimo de sociedades de la OCDE y el G20, acordado en octubre de 2021 y cuya implementación comenzó en las jurisdicciones de la UE en 2024. El Pilar Dos impone un tipo efectivo mínimo del 15 % sobre los beneficios empresariales multinacionales, con independencia del lugar en el que se contabilicen. Las primeras estimaciones apuntan a que recaudará unos 200.000 millones de dólares adicionales al año en todo el mundo y reducirá sustancialmente el desvío de beneficios a jurisdicciones de baja tributación. El precedente importa políticamente porque demuestra que los mínimos fiscales coordinados internacionalmente son factibles: la principal objeción a los impuestos sobre el patrimonio —la fuga de capitales— queda parcialmente respondida por la coordinación. Si esa misma coordinación puede alcanzarse para las personas físicas es la pregunta abierta.

Noruega, España y Suiza operan ya impuestos sobre el patrimonio en funcionamiento a escala nacional. El impuesto noruego recauda en torno al 1,1 % del PIB con un tipo del 1,1 % sobre el patrimonio neto que supere los 1,7 millones de coronas. El «impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas» español (2023) recaudó más de 600 millones de euros en su primer año sobre unos 12.000 hogares. Los impuestos cantonales suizos sobre el patrimonio operan ininterrumpidamente desde hace más de un siglo. Estas experiencias nacionales contradicen el argumento de que los impuestos sobre el patrimonio son administrativamente inviables. Sí ilustran, no obstante, que la fuga de capitales es real: el alza del tipo noruego en 2022 provocó una emigración visible de grandes fortunas a Suiza, y la Oficina Estadística de Noruega documentó una salida de unos 600.000 millones de coronas en patrimonio declarado en el año posterior al incremento. La coordinación internacional, en el marco de Zucman, es precisamente lo que permite separar el problema de la administración del impuesto del problema de la fuga de capitales.

El menú de política nacional, más allá del impuesto sobre el patrimonio, incluye la fiscalidad sucesoria (hoy en mínimos históricos en Estados Unidos, con una exención federal por persona de 13,99 millones de dólares en 2025), las reformas del mercado laboral (subir el salario mínimo y reforzar la negociación colectiva), la reforma de la oferta de vivienda (liberalización de la zonificación, construcción de vivienda pública) y lo que Piketty ha llamado «socialismo participativo»: una combinación de fiscalidad fuertemente progresiva, cogestión empresarial y reforma del sistema educativo orientada a reducir la prima de las credenciales heredadas. Ninguna de estas medidas es políticamente pacífica; todas tienen análogos funcionales en al menos una gran economía avanzada.

◈ Evidencia sólida La ventana para la intervención reformista se estrecha, pero no está cerrada. El precedente del Pilar Dos muestra que la coordinación fiscal internacional es factible. Los impuestos sobre el patrimonio en Noruega, España y Suiza muestran que los impuestos patrimoniales nacionales funcionan. El proceso brasileño en el G20 ha colocado un impuesto coordinado a los multimillonarios en la agenda multilateral activa. El informe Under Pressure de la OCDE, el Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 y la auditoría de la clase media de Pew han construido una infraestructura compartida de medición que no existía hace una generación. Las condiciones económicas y estadísticas previas para una reversión al estilo de la Gran Compresión están sobre la mesa.

Lo incierto es la coalición política. La clase media que produjo el New Deal en los años treinta superaba el 60 % de la población y actuaba como un bloque unido en política fiscal y de mercado laboral. La clase media actual representa el 51 % de la población, está demográficamente más fragmentada y se identifica cada vez menos con el interés de la participación del trabajo que animó la política redistributiva de mediados del siglo XX. ⚖ Controvertido Si una clase media del 51 % puede generar la coalición que produjo una clase media del 61 % es la pregunta política central de la segunda concentración. La próxima década la responderá. La alternativa histórica —el choque catastrófico de Scheidel— no es algo que ningún sistema político racional debería preferir.